Durante el debate, que abrió la sesión convocada por bloques opositores, se buscó garantizar fondos destinados a salarios docentes y no docentes, además de becas estudiantiles. Sin embargo, el proyecto no alcanzó la mayoría especial de dos tercios necesaria para resistir un eventual veto presidencial, una posibilidad que sigue latente ante la postura del gobierno de Javier Milei, que insiste en sostener el equilibrio fiscal.

En ese marco, los diputados fueguinos Ricardo Garramuño y Santiago Pauli votaron en contra de la propuesta, alineándose con el oficialismo nacional. Santiago Pauli representa a La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, mientras que Ricardo Garramuño pertenece a Somos Fueguinos. Ambos respaldaron la postura del Ejecutivo, en medio de una de las crisis presupuestarias más graves que atraviesa la educación pública argentina.

Por su parte, los diputados fueguinos Jorge Araujo, Andrea Freites y Carolina Yutrovic, del bloque Unión por la Patria, votaron a favor de la ley, apoyando el reclamo de las casas de altos estudios por mayor financiamiento.

La aprobación del proyecto significó un revés para el gobierno nacional, ya que reflejó un amplio consenso opositor en torno a la defensa de la educación superior pública. La medida fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda.