La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y la vicepresidenta del Directorio de Sociedad del Estado Casa de la Moneda, Marina Pecar, firmaron este martes un convenio para comenzar el proceso de digitalización a gran escala de la documentación histórica de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) relativa al terrorismo de Estado.
El acto se realizó en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada y también asistieron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Defensa, Jorge Taiana; los secretarios de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; "Taty" Almeida y Nora Cortiñas, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Angela "Lita" de Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
También estuvieron la ex ministra de Defensa, Nilda Garré; la legisladora porteña Victoria Montenegro, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; la fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos; la jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez; el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, y representantes de organismos de derechos humanos.
Soria dijo en el acto que "250.000 fichas se digitalizarán en los próximos meses" y refirió que se tratan de "archivos reservados, escondidos, de la exSIDE".
El ministro rememoró que "el proceso de memoria, verdad y justicia se inicia con Néstor Kirchner, cuando descolgó cuadros en la exESMA", en referencia los presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, "y donde hoy funciona la Secretaría de Derechos Humanos".
Y puntualizó que "cuando Néstor Kirchner descolgaba cuadros algunos no entendían y cuando el 10 de diciembre de 2019 asumió Alberto Fernández afirmó que 'nunca más a los sótanos de la democracia' algunos siguen sin querer entender, y hoy, firmando este convenio, estamos dando y robusteciendo un paso más en ese proceso de memoria, verdad y justicia".
Por su parte, Pietragalla destacó la "reapertura de archivos" de la exSIDE ante el "reclamo de muchos sectores" y recordó que en diciembre de 2014 la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner "se propuso transformar la SIDE, ese organismo oculto, siniestro, cuyo aparato fortaleció las herramientas de represión de la dictadura" y que luego en democracia tuvo un "manejo turbio, ilegal"; y tras esa modificación "cambió la mirada".
"Sufrimos durante los cuatro años de neoliberalismo, que quiso transformarla otra vez en un lugar siniestro", apuntó el secretario de DDHH, "con funcionarios en situaciones judiciales y la AFI en el armado de causas, contra Cristina Kirchner fundamentalmente, una extorsión, el lawfare que le llamamos nosotros".
Pietragalla resaltó que "en la gestión de la presidencia de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández estuvo la decisión política de abrir la AFI para reabrir los archivos", una tarea que "comenzó antes de la pandemia".
"Encontramos cosas irrisorias, documentos históricos con fichas de compañeros desaparecidos y de los que sobrevivieron y estuvieron en el exilio", acotó, y aportó que "esas copias fueron entregadas a organizaciones de derechos humanos".
El funcionario hizo hincapié en el trabajo entre el "Archivo de la Memoria con la AFI para tener información que nutre causas judiciales y para el proceso de reparación de lo que significó la dictadura militar".
Pietragalla recordó que la Argentina "es un lugar diferente en la lucha de las organizaciones de derechos humanos" y enfatizó "la decisión política de Néstor Kirchner" en su momento "para profundizar el proceso de memoria, verdad y justicia".
"Hay que seguir pensando en la esencia de los 30.000 desparecidos en su amor a la militancia, el amor al otro, por una patria más libre, más justa y más soberana", concluyó.
Caamaño subrayó el valor de "sistematizar la información para aportar a la justicia en los oficios judiciales por delitos de lesa humanidad" y para contar "la historia institucional de la exSIDE, preservando la ley de inteligencia y la de datos personales".
La funcionaria detectó en la agencia "información del centro clandestino de detención Automotores Orletti, de un exagente de la SIDE, genocida, que no figuraba en los registros judiciales, y se le entregaron esos datos a (el juez Daniel) Rafecas, quien contestó que 'lo que me mandaste es una mina de oro'" porque se trata de "un análisis exhaustivo para avanzar en la causa".
Además aseguró que el Presidente pidió "garantizar el estado de derecho en la AFI y eliminar las prácticas ilegales y el espionaje político", y admitió que "hay una deuda con la víctimas cuando se habla de organizaciones de inteligencias".
Abogó por "seguir avanzando en la política pública para garantizar información de la violación de derechos humanos por parte del Estado".
"Esta política comenzó con Néstor Kirchner, subordinando a las Fuerzas Armadas primero y a las de Seguridad después, al Estado democrático, siguió con Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández dio un aporte a ese proceso histórico", completó Caamaño.
En tanto, Pecar manifestó que este proyecto "da solución para la preservación de documentos históricos, la preservación de la memoria para la verdad, la justicia y la reparación".
Indicó que el convenio "es un compromiso de la FAI y la Casa de la Moneda para un mejor desarrollo en de la función pública" y aplaudió la idea de que "el Estado nacional se ocupe".
La funcionaria contó que la Casa de Moneda "brinda un servicio de altísima seguridad, en la confección y resguardo de documentos, con alta tecnología en cuestiones muy precisas", y recalcó la importancia de "preservar esta memoria, algo tan sensible como son los documentos históricos".
El proceso de digitalización se trata de un fondo documental de más de 250 mil fichas producidas entre las décadas de 1940 y 1980, cada una de las cuales contiene partes de inteligencia microfilmados que suman un total de alrededor de cinco millones de imágenes, y más de un millón de fojas de papel con documentación institucional, añadieron las fuentes.
Además, se conformará una mesa de trabajo para elaborar un instrumento jurídico que resuelva la desclasificación y el acceso a esa información, que puede servir tanto para los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad como para la reconstrucción histórica del rol de los servicios de inteligencia en el genocidio.
Este espacio estará integrado por la Agencia Federal de Inteligencia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, organismos de derechos humanos y especialistas en la materia.