El Congreso de los Diputados de España aprobó un proyecto de ley que crea una licencia médica para mujeres que padecen menstruaciones dolorosas o incapacitantes. La medida es inédita en Europa y destinada, según explicó el gobierno de ese país, a "romper un tabú".
El texto --adoptado con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones, y que ahora pasará al Senado-- refuerza también el acceso al aborto en los hospitales públicos, un derecho que sigue lleno de trabas en ese país de fuerte tradición católica. El proyecto de ley tendrá que ser votado en la Cámara alta, y si allí resulta modificado deberá regresar de nuevo al Congreso de los Diputados, antes de convertirse en ley.
"Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas", celebró la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Podemos, aliado de los socialistas del presidente Pedro Sánchez dentro del gobierno de coalición. "Reconocemos también la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio", agregó ante los diputados.
A pesar de que Montero había indicado meses atrás que esta licencia, que los médicos podrán conceder a las mujeres que padezcan menstruaciones especialmente dolorosas o incapacitantes, no tendría una duración limitada, en el proyecto de ley no figura ninguna precisión sobre su extensión.
Si el texto es aprobado definitivamente, España se convertiría en el primer país en Europa, y uno de los pocos en el mundo, que añade esta medida en su legislación. Ya rige en Japón, Indonesia y Zambia.
Esta licencia menstrual suscita, sin embargo, reticencias en varios sectores como el sindicato UGT, uno de los dos mayores del país, que mostró su inquietud por que estas bajas despierten el recelo de los empleadores y supongan un freno a la contratación femenina. Desde la derecha también hubo críticas en ese sentido: esta ley "provocará efectos contrarios para las mujeres", que pueden generar "reacciones de marginación o estigmatización", además de "consecuencias negativas en el mercado laboral", sostuvo Marta González, diputada del opositor Partido Popular.
La licencia menstrual es una de las medidas destacadas de un proyecto de ley mucho mayor que prevé igualmente reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que realizan menos del 15 por ciento de estas intervenciones en España debido a una objeción de conciencia masiva de los médicos. Actualmente, las mujeres de ciertas zonas del país deben recorrer cientos de kilómetros si quieren abortar debido a la falta de servicios públicos y de clínicas especializadas cerca.
El texto debe permitir igualmente que las menores puedan abortar sin autorización de sus padres a los 16 y 17 años, revirtiendo una obligación instaurada por un anterior gobierno conservador en 2015. El aborto fue despenalizado en España en 1985 y legalizado en 2010, pero la interrupción voluntaria del embarazo sigue estando llena de obstáculos en este país.
El proyecto de ley prevé igualmente un refuerzo de la educación sexual en las escuelas, así como la distribución gratuita de medios anticonceptivos o productos de higiene menstrual en los colegios secundarios.
España es un país considerado como una referencia en materia de derechos de las mujeres en Europa, especialmente desde la adopción en 2004 de una ley sobre la violencia de género. Reivindicándose feminista, el gobierno de Sánchez tiene más mujeres que hombres.