Aunque en este caso el resultado no fue definitivo, porque el tema pasó ahora a Diputados, el presidente Javier Milei sufrió este jueves su segunda gran derrota legislativa: el DNU 70/23 fue rechazado por 42 votos contra 25, mientras que cuatro legisladores se abstuvieron.
Sin embargo, las reformas del decreto continúan vigente, a la espera del tratamiento en Diputados: si el Gobierno consigue mayoría en la Cámara Baja, el DNU será constitucional.
Los 42 senadores que sustentaron el rechazo a la normativa libertaria se integró con los 33 integrantes de la bancada de Unión por la Patria encabezada por José Mayans, más los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, está última de Chubut; la rionegrina Mónica Silva; por Santa Cruz se opusieron Natalia Gadano y José Carambia; mientras que también anotaron sus nombres en el lado opositor la neuquina Lucila Crexell, los peronistas entrerrianos "Camau" Espíndola y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
A través de la cuenta de la red social de la Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei planteó su desacuerdo con la convocatoria realizada por Victoria Villarruel a tratar el DNU en el Senado de la Nación en la jornada del jueves.
"En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, inicia el comunicado.
Luego considera que "Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”.
En ese sentido, plantea que "El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino”.