Así lo aseguró Federico Villone, interventor del gremio UEJN, en el marco de la investigación por irregularidades durante la gestión del ex Sec. General Luis Bechis. Quien añadió “No será Bechis, quien determine los plazos para hacer las denuncias que serán inminentes”
“Hay que aclarar que esta es una intervención administrativa, no es una intervención judicial, que está dispuesta por varios articulados de nuestro estatuto social, ante denuncias de irregularidades en el funcionamiento de las seccionales, es decir existe un apartado entre las facultades de la Comisión Directiva Nacional que permite intervenir a las seccionales en el caso de las denuncias de irregularidades y por otro lado el apartado de las seccionales del estatuto, que es la representación gremial ante las provincias, y que en el caso que se atribuyan determinadas operaciones como seccional que no estén autorizadas podrán ser intervenidas”.
Y agregó “Es decir esta intervención no está solamente facultada por nuestro estatuto social sino que tanto el Superior Tribunal de Justicia de la Nación como los servicios legales de los bancos y todo aquel lugar donde presentamos la intervención con el acta respectiva, la han aprobado, por lo cual es absolutamente legal”.
En esta misma línea Villone aseguró “No pasaron muchos días para darnos cuenta que muchas de las irregularidades denunciadas estaban comprobadas, como operaciones financieras no autorizadas, el hecho de que nosotros realicemos operaciones financieras no se nos está autorizado como entidad sindical”. “En la seccional se otorgaban préstamos con diferentes tasas, dependiendo si la persona pertenecía a la comisión directiva o no, tasas que superaban e inclusive el promedio de la tasa anual de un 300% y hasta con 0%, con una especie de discrecionalidad absoluta, cuando no solo “no somos” una entidad autorizada para las operaciones financieras sino que al mismo tiempo se operaba como si fuéramos el Banco Central”.
Y agregó “Por otro lado la venta de nuestro patrimonio de los Judiciales Fueguinos, que dicho sea de paso nosotros pertenecemos a una Unión de Justicia de la Nación que tiene una sola personería que es nacional, por lo cual todos los bienes de los afiliados pertenecen a la entidad de la nación, con lo cual, esos patrimonios, como departamentos, cabañas y hoteles son para uso y goce de los afiliados, y estaban publicados en Booking, para el uso de particulares, sobre todo los departamentos de Ushuaia. En los comentarios que aún se pueden ver en las publicaciones, si bien ya no están disponibles para alquilar, se pueden ver los comentarios de gente de Brasil, Bélgica y otros países con dichos como “excelente hospedaje”etc, lo que no tiene nada que ver con una buena organización sindical”.
Al ser consultado sobre los dichos de Bechis en relación a la inexistencia de denuncias en sede judicial comentó “La cuestión de denunciar en sede judicial no es una obligación, es un derecho que tenemos en el marco de una investigación, en la medida que la vamos desarrollando surgen determinadas pruebas como para poder realizar una denuncia, que dicho sea de paso es inminente, pero más allá de eso en el marco de lo que tiene que ver con la intervención, disponemos del reemplazo de las actividades de la Comisión Directiva que hoy se encuentran suspendidas, por otro lado una auditoría contable que es la que está evaluando lo que pueda surgir de libros contables y dicho sea de paso, estamos solicitando por carta documento, también disponemos del famoso sistema de la computadora que se llevaron el día que realizamos la intervención y sobre lo poco que se pudo encontrar, y por otro lado una instrucción sumaria, que es un proceso administrativo en el cual se reciben todas las denuncias de los particulares, que es un proceso interno administrativo, y que si de eso, surge la configuración de delitos, obviamente serán denunciados en sede judicial, pero no va ser el Sr. Bechis el que marque a la intervención, ni los plazos para hacer la denuncia, mientras que estemos dentro de los marcos legales de prescripción de los delitos”.
“Me parece que entrar en ese juego de “No hay denuncias” cuando lo que hay es un proceso administrativo interno de nuestra organización gremial es simplemente chicanear y embarrar la cancha cuando no tiene absolutamente nada que ver”.
El Interventor dijo que “La intervención se prorrogó debido a la complejidad de toda la información que estamos receptando, de toda la información que estamos manejando, como la posibilidad de delitos penales y al mismo tiempo surgen irregularidades que merecen ser estudiadas, son cuestiones graves que vienen de bastantes años de funcionamiento, y que merecen una atención especial y un estudio profundo del tema. El inicio de la denuncia no será en el momento que lo marque el Sr. Bechis, nosotros también somos trabajadores de la justicia y sabemos de procesos y de pruebas suficientes con los que tenemos que contar para radicar la denuncia y que obviamente serán presentados en forma inminente”. “Hace unos días nos presentamos en los tribunales de Río Grande, en el ex campamento YPF, junto a la actual secretaria de administración electa Maia Volcovinsky, para dialogar con los trabajadores, acercando el informe de la auditoría contable, mostrando la operaciones que se hacían y que implicaron un perjuicio de $11.000.000, con préstamos indiscriminados, de interés, de operaciones no autorizadas que fueron dadas de forma ilegal, con lo cual tampoco no pueden ser exigidas, y va depender de la voluntad de los afiliados devolver el capital prestado o no, es lo que básicamente decía el informe que presentamos y que estaba firmado por Estefanía Burgos y Carlos Bell”.
“Muchos de los trabajadores se sorprendieron aunque otros no tanto porque sabían del manejo del Sr. Bechis, práctica que se quiere erradicar por parte de todos los empleados,y que desean que se siga investigando. Es una situación sensible pero no deja de ser la propia organización tratando de subsanar los errores de la propia organización, y dentro de este marco creo que los judiciales lo entienden y que sirve a los efectos de esclarecer todo y que el funcionamiento sea a beneficio de los judiciales y no a beneficio de unos pocos”.
En relación a una información trascendida sobre de que tras la intervención no se estaría abonando a los comercios adheridos las compras realizadas por los empleados judiciales aseguró “ Eso es mentira, de hecho ya está toda abonada la deuda, hoy me encuentro en Río Grande, recorriendo todos los comercios para ver si queda alguna deuda dando vueltas, de manera que se restablezca el servicio en el caso que lo tengan suspendidos para que los afiliados puedan acceder a los beneficios, cabe aclarar que en algunos comercios la deuda no era desde que empezó la intervención era muy anterior, y nosotros también nos hicimos carago de toda esa deuda que en algunos casos se registraban desde diciembre y que ya fueron canceladas”.Finalizó.