Se trata de la Ordenanza N° 660, la cual proponía la subdivisión y venta de terrenos sin la supervisión municipal y sin garantizar la factibilidad de servicios esenciales como agua, energía y cloacas.
La nueva normativa chocaba directamente con la ordenanza 513 aprobada en 2019 por el mismo Concejo Deliberante, que prohíbe las subdivisiones sin autorización previa del Municipio, siendo ahora cuestionada por su falta de regulación y por ignorar los requisitos técnicos necesarios para un desarrollo urbano ordenado.
En ese sentido, desde el ejecutivo se considera que la “avanzada” se realizó sin consultas ni trabajo de comisión, en tanto que no se involucró a los entes responsables de los servicios, al Colegio de Agrimensores ni a las áreas técnicas municipales.
Asimismo, la ordenanza vetada también ignoraba los lineamientos de protección a tierras destinadas a proyectos turísticos y productivos que refleja el artículo 6°, priorizando la especulación inmobiliaria por sobre el desarrollo local. Razón por la cual se apunta a una decisión que “expone una gestión apresurada y carente de transparencia”, viéndose en esta medida un intento de priorizar “intereses particulares” por encima del bienestar de la comunidad.