La norma, que elabora el Ministerio de Trabajo, adecúa un convenio de la OIT aprobado por amplio margen y que, entre pocas abstenciones, tuvo la de Funes de Rioja. Aplicará también a postulantes, aprendices y hasta despedidos.

El Gobierno prepara una ley contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo que contemplará, por primera vez, el otorgamiento de licencias para las víctimas. Se trata de un proyecto en elaboración que apuntará a traducir en una norma la ratificación de la Argentina del Convenio 190 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) sobre esa problemática. Aquel convenio, uno de los últimos emitidos por la entidad y aprobado por altísimo margen, tuvo entre un puñado de abstenciones la de Daniel Funes de Rioja, actual titular de la UIA y entonces representante patronal ante la OIT, lo que preanuncia resistencias al avance de la iniciativa.

El proyecto, a cuyo borrador accedió en exclusiva este diario, guarda relación y avanza en la misma línea de otro que ya adquirió estado parlamentario y se encuentra en debate, también presentado por el Gobierno, para la creación de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en las empresas con la participación paritaria de representantes patronales y de los trabajadores. El diseño de la norma está a cargo del Ministerio de Trabajo y prevé ser derivado en consultas a la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad y a las centrales obreras y de empleadores.

Entre los puntos salientes de la iniciativa se encuentra la amplitud de su ámbito de aplicación: no será meramente en las empresas y durante el cumplimiento del contrato laboral sino que podrá invocarte ante situaciones de violencia o acoso denunciados por postulantes a un empleo, pasantes, aprendices y voluntarios, e incluso por trabajadores ya despedidos. Además contemplará la relación laboral en su acepción más extensa, es decir que podrá invocarse ante hechos producidos en ámbitos fuera del lugar habitual de trabajo y hasta en las telecomunicaciones (en instancias de teletrabajo, por caso). Tendrá alcance tanto en el sector privado como en el público y en los sectores formal e informal.

En la cartera laboral prometen que la norma en desarrollo intentará evitar una avalancha de juicios laborales, una de las principales preocupaciones de los empleadores ante cada nueva legislación. De hecho el ministro Claudio Moroni acudió con su equipo este lunes a la Comisión de Legislación laboral de Diputados para presentar el proyecto de Comités Mixtos y uno de los argumentos fue que en las provincias donde se anticiparon estas instituciones, como en Santa Fe, se redujeron los accidentes de trabajo y por lo tanto los litigios.

Uno de los objetivos del Gobierno, que no llegará a presentar el proyecto en la campaña electoral, será mostrar a la Argentina a la vanguardia de la legislación respecto de la lucha contra la violencia, el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo por razones de sexo, religión, ideología, aspecto físico o cualquier otro motivo. El convenio de la OIT data de mediados de 2019 y en aquella oportunidad contó con 439 votos a favor, 7 abstenciones (entre ellas la de Funes de Rioja) y 30 pronunciamientos en contra, y la ratificación en la Argentina se produjo a fin de 2020. De prosperar sería el primer país del mundo en traducir el convenio en una ley local.

En cuanto a los aspectos prácticos de la iniciativa se destaca, además del otorgamiento por primera vez de licencias con goce de sueldo para las víctimas (hasta ahora el criterio más usual para estos casos son las licencias "psiquiátricas" con la carga que implica para el denunciante), la creación de una comisión con participación del Estado y las representaciones patronal y de los trabajadores para velar por el cumplimiento de la norma y la instauración de programas de concientización y prevención contra la violencia laboral. Y, sobre todo, se impulsará la creación a nivel de paritarias de comités para abordar la problemática en cada actividad económica.

Otro aspecto que promete erizar a las entidades patronales es el que remite al convenio 190 al imponerles responsabilidad a la hora de garantizar un ambiente laboral sano y libre de violencias, con provisión de información y ámbitos de denuncia para las víctimas y espacios de negociación colectigva para establecer protocolos de prevención y canalización de los reclamos.

En tanto que el Ministerio de Trabajo podrá jerarquizar su actual oficina de Violencia Laboral al amparo de la iniciativa. Del mismo modo, los inspectores de la cartera o los que dependen de las áreas respectivas de cada provincia quedarán facultados para recepcionar o impulsar denuncias por violencia o acoso.