Con este informe en manos, los miembros del Consejo decidieron solicitar copias certificadas de todos los antecedentes del caso para determinar si corresponde iniciar un juicio de enjuiciamiento contra la funcionaria, quien tiene asiento en Río Grande. El análisis del caso determinará si la conducta de Urquiza amerita una sanción disciplinaria o incluso su separación del cargo.
El abogado Santiago Martín D’Angelo, miembro del Consejo y designado fiscal Acusador en este caso, se excusó de participar en la discusión debido a su rol como fiscal encargado de formular el pedido en caso de que el proceso avance hacia un jury de enjuiciamiento.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, fue quien elaboró el informe que ahora está siendo evaluado. En dicho documento, se remiten los antecedentes del caso a los miembros de la Corte para que determinen si corresponde una sanción administrativa o una acción más grave.
Otro tema tratado durante la reunión, el Consejo de la Magistratura rechazó una denuncia contra el juez en lo Correccional de Río Grande, Pedro Fernández, presentada por Hernán Gaite y patrocinada por la abogada Griselda Engelhard: “Analizada la cuestión, siguiendo con el pacífico criterio de este Consejo de la Magistratura en cuanto a que no puede constituir causal de enjuiciamiento la discrepancia de opinión del/los magistrado/s y/o funcionario/s, o la existencia de errores que puedan subsanarse por las vías recursivas procesales a disposición de las partes, resolvieron su rechazo sin más trámite”, indica el acta conformada.
En otro orden de temas, los consejeros aprobaron los pedidos de acuerdo del Superior Tribunal de Justicia para designar a Antonela Bordignon como secretaria del Juzgado de Ejecución de Río Grande y a Cintia Paola Ferreyra como secretaria interina del Juzgado de Primera Instancia Electoral.