El Ministerio de Economía realizará este lunes un canje de deuda por $56 billones para intentar despejar los vencimientos de este año. El objetivo es trocar los títulos vigentes, en su mayoría ajustables por la inflación y el dólar, por otros similares que vencen entre 2025 y 2028, pero que se actualizan exclusivamente por inflación. En caso de conseguir achicar el perfil de vencimientos, el Gobierno evitará el riesgo de tener que recurrir a la emisión monetaria ante una potencial licitación fallida, lo que generaría presión sobre el dólar. De hecho, entre analistas señalaron que el canje puede entenderse como un paso previo ante una eventual salida del cepo: la necesidad de enfrentar vencimientos abultados en forma mensual es parte de lo que impide hoy desarmar las restricciones sobre el MEP y el CCL.
El llamado al canje se ofrece para el sector público, es decir, que incluye a organismos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Banco Central, Anses, Banco Nación, entre otros; cómo así también incluye al sector privado, entidades del sector financiero y no financiero y personas físicas y jurídicas.
Para el socio gerente de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, "la primera razón que siempre tiene el Tesoro para hacer un canje de deuda es el rollover del Banco Central". En este sentido, explicó que el organismo a cargo de Santiago Bausili acumula mucha deuda del Tesoro, comprada entre 2021 y 2023. "Para dar rollover a esos vencimientos no puede ir a las licitaciones, tiene que sí o sí ir a un canje", explicó.
En concreto, se trata de un canje de títulos con vencimiento en 2024 por un equivalente a $56,5 billones de pesos. Según el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, unos $26,4 billones son bonos atados a la inflación (CER), unos $5,2 billones atados al dólar oficial (dollar linked) y otros $22,8 billones se ajustan tanto por CER como dollar linked, depende cuál haya rendido más durante el período, es decir los Bonos Dual.
A cambio, los tenedores que participen del canje recibirán bonos ajustados únicamente por CER para el 15 de diciembre de 2025 (un 30% del total), el 15 de diciembre de 2026 (otro 30%), el 15 de diciembre de 2027 (25%) y el 15 de diciembre de 2028 (15%). "El despeje del perfil sería muy abultado en caso de conseguir buena participación", comentó Vitelli.
¿Medida previa para quitar el cepo?
Caamaño comentó que una lectura complementaria detrás de esta licitación "puede ser la de intentar achicar lo más que puedan todos los vencimientos de deuda del 2024, sobre todo los Duales, y pasar todo a CER para despejar los vencimientos y el problema financiero". Desde su perspectiva, se trata de una decisión que "puede cerrar con la idea de salir del cepo", aunque no es determinante. "El problema para salir del cepo hoy es toda esa liquidez que había en pases, no es la que vas a canjear ahora", opinó. Según datos del BCRA, hasta el 6 de marzo los pases pasivos superan los $29 millones.
El economista Christian Buteler explicó que con vencimientos por $54 billones este año el cepo es una herramienta clave y de ahí la importancia de despejarlos para salir de las restricciones cambiarias: "La realidad es que si se está pudiendo renovar deuda a tasa incluso negativa es porque existe un cepo y no se puede disponer libremente del dinero. Si uno pudiese realmente disponer de esos pesos e irse a dólares, no sé si el gobierno podría colocar tan fácilmente deuda a tasa negativa. Lo más probable es que en este contexto tendría que poner deuda a tasa positiva, es decir, darle un premio a aquel que se quiere quedar en pesos".
Coincidió con Caamaño respecto a que "liberar los vencimientos de este año es algo positivo porque baja el estrés que se puede a llegar a tener con la deuda" y sobre que esta iniciativa del Palacio de Hacienda no es una medida para liberar "rápidamente" el cepo cambiario. "Si se libera el cepo, el mismo inversor que está colocado en pesos obligatoriamente podría vender el bono (del canje) en el mercado y comprar dólares también", ejemplificó.
La postergación implicará una menor carga de intereses, lo que apunta a cumplir con el objetivo del Gobierno de profundizar el ajuste fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas.