Garófalo explicó que las empresas que quedaron fuera de la prórroga son las más grandes y las que mayor cantidad de mano de obra generan. Estas compañías, entre ellas Fabrisur y Australtex, están evaluando presentar recursos judiciales para evitar quedar excluidas, pero mientras tanto se tramita el recurso de reconsideración ya que, de lo contrario, tendrán que pagar la garantía y devolver los beneficios.
Las empresas afectadas por la medida son Hilandería Río Grande, Barpla, Australtex, Fabrisur y Sueño Fueguino, y su futuro depende ahora de las resoluciones judiciales y administrativas que se tomen en las próximas semanas.
"Cinco empresas textiles y de confección han quedado fuera de la prórroga. Una de ellas ya no tiene actividad, así que en ese caso no hay pérdida de empleos. Sin embargo, las otras cuatro, dos de ellas en particular, quedaron fuera deliberadamente porque no cumplieron con el requisito de renunciar a juicios contra el Estado. Presentaron una demanda por inconstitucionalidad del decreto que otorgó la prórroga al mismo tiempo que solicitaban su inclusión, por lo que este conflicto se resolverá en tribunales. A menos que consigan un amparo judicial, será difícil que puedan seguir operando", explicó.
También hizo referencia a las dos empresas que forman parte de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional, Fabrisur y Australtex, destacando que son las fábricas más grandes del sector textil en Tierra del Fuego. Según explicó, la exclusión de estas empresas se basa en una interpretación errónea por parte de las autoridades, quienes han tomado como referencia una comunicación de la AFIP sobre supuestas deudas. Sin embargo, Garófalo enfatizó que no se trata de incumplimientos relacionados con el régimen industrial en términos de producción, inversión o empleo, sino de cuestiones tributarias que son discutibles.
"Fabrisur afirma no tener deudas y, de hecho, presentó una certificación de un contador independiente que demuestra que no existe ninguna deuda exigible. Sin embargo, la Secretaría de Industria exige un certificado de la AFIP que todos sabemos que no emiten. Mientras tanto, la empresa ha quedado fuera y estamos buscando una solución para este problema", sostuvo.

En cuanto a Australtex, señaló que la exclusión se debe a una cuestión aduanera relacionada con el período en el que la empresa operaba bajo un amparo judicial. En ese momento, no había ninguna notificación de deuda exigible por parte de la Aduana, pero aun así fue excluida. "Después de todo esto, recién la están notificando, y es un asunto que se está discutiendo en la vía administrativa para llegar a un acuerdo. Si la empresa no tiene éxito en su reclamo desde el punto de vista tributario, pagará lo que sea necesario. Pero al momento de la exclusión, no había ninguna deuda exigible en su contra, por lo que todo esto deberá ser discutido".
Consecuencias para la cadena de valor
El impacto de la exclusión de estas empresas no se limita solo a Tierra del Fuego. Garófalo advirtió que tanto Fabrisur como Australtex están integradas en la cadena de valor del continente, siendo proveedoras de importantes sistemas de producción. "Si estas empresas dejan de operar, se interrumpirá la provisión de materiales a varias compañías del continente, afectando a otros sectores industriales", sostuvo el presidente de CAFIN.
Además, las empresas que quedaron fuera del régimen están ahora en riesgo de ver ejecutadas las garantías que tenían bajo su seguro de caución. Esto podría significar que tengan que devolver los beneficios recibidos mientras operaban bajo el subrégimen, lo que sumaría una carga financiera aún mayor sobre ellas.
En una reunión reciente de la Comisión del Área Aduanera Especial, las acreditaciones de origen de estas empresas fueron rechazadas, lo que les impide operar con los beneficios que otorga el régimen. En cambio, las empresas que sí obtuvieron la prórroga, como Hilandería Fueguina, Armavir, Varisur y Blanco Nieve, continúan con sus acreditaciones aprobadas y operando con normalidad.
Otra empresa autorizada es Textil Río Grande, pero al cerrar sus puertas y sin intenciones de volver a abrir, refleja un problema de financiamiento independiente del subrégimen.
Lo más complejo para resolver es el futuro de la mano de obra ocupada. “En valores actualizados, con la crisis que genera la baja de la demanda y por lo tanto la disminución de las producciones de las distintas fábricas, todo el sector textil y confeccionista tenía 687 empleados. Estos son datos de julio. Si se mantiene firme la decisión de excluir a estas cuatro compañías, estamos perdiendo 470 puestos de trabajo en forma directa. Quedarían 217 trabajadores nada más. Son todos trabajadores de planta permanente y con muchos años de antigüedad”, advirtió.