Faltan 49 semanas. Exactamente 342 días para el 10 de diciembre. En esa fecha, termina el gobierno que Alberto Fernández inició el mismo día pero de 2019 con Cristina Kirchner. En una inocultable soledad política, el Presidente enfrenta el último de los cuatro años de su mandato plagado de desafíos, riesgos y una pretensión reeleccionista que no se sabe cuánto tiene de simulación y cuánto de real proyecto de poder.
Si los plazos no fueran alterados, en mayo se debería iniciar el proceso electoral que decantará en las elecciones PASO de agosto, las generales de octubre y una presumible segunda vuelta en noviembre. Es poco tiempo para el tamaño de los retos que tiene por delante una gestión marcada por los errores no forzados, zigzagueos inexplicables y un progresivo debilitamiento de la figura presidencial. Con el 2023 recién alumbrado, restan las definiciones más importantes, pero se llega con la manifiesta voluntad de Alberto Fernández de seguir en el cargo y el anuncio de la vicepresidenta de no ser candidata a nada.
Esas son las verdades provisorias que ofreció en las últimas semanas el peronismo gobernante, mientras se maceran con recato y disimulo las ambiciones de una larga lista de pretendientes que prefieren navegar bajo superficie, sin ser advertidos. Con excusas familiares y otras coartadas, gobernadores, ministros y un embajador esperan la oportunidad y el momento para blanquear en público lo que apenas se animan a susurrar en privado. Porque en el Frente de Todos la simulación, más que la excepción, es la regla.
En esas coordenadas se inscribe el viaje de Alberto Fernández a Brasil a la asunción de su amigo Luiz Inacio Lula Da Silva. Daniel Scioli lo recibió al pie del avión, de donde bajó con el canciller Santiago Cafiero, la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y Gabriela Cerruti. Una comitiva minúscula en la que sobresalían la ausencia de figuras políticas y de dirigentes de la oposición. Contrastes que se hicieron evidentes con el uruguayo Luis Lacalle Pou, que llegó del brazo de dos ex presidentes y adversarios: José Mujica (Frente Amplio) y Julio María Sanguinetti (Colorado).
Ya en Brasilia Alberto Fernández mostró que la intención del viaje, además de saludar al sucesor de Jair Bolsonaro -que abandonó el país para instalarse en Florida, Estados Unidos-, era plantear una agenda que excede largamente las 49 semanas, los exactamente 342 días que le quedan de gobierno.
Sin nadie que lo defienda y lo promueva, se ocupó personalmente de realzar una administración que hasta Cristina Kirchner suele decir que, por la pandemia, nunca empezó: “Al final, los argentinos van a darse cuenta que tuvieron un gobierno que tuvo que afrontar dos años de pandemia y dos años con guerra y, aún así, fue la única gestión que habrá logrado durante tres años consecutivos que el Producto Bruto argentino crezca, que creó un millón y medio de puestos de trabajo, que bajó el desempleo, que lucha contra la inflación y para que la distribución sea más equitativa”.
“Los argentinos sabrán ponderar todo este esfuerzo. Un gobierno que además ha hecho de la honestidad una práctica y a mí eso me parece que hay que ponerlo en valor”. Esa frase pronunciada con porfiado descuido describe por qué el kirchnerismo lo abandonó hace ya dos años largos. Las comparaciones, sobre todo en política, son odiosas y se utilizan como las armas con los enemigos.
Los veranos no suelen ser buenos momentos para el presidente. El año pasado, para esta fecha, Máximo Kirchner empezaba a preparar, sigiloso, el primer renunciamiento de su grupo: fue a la presidencia del bloque de Diputados, fastidiado con el entonces ministro Martín Guzmán y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, ahora en 2023, va a mostrar su verdadero rostro. Terminó el 2022 con una aceleración del goteo de funcionarios: Victoria Donda no fue el único ni siquiera el más ruidoso de los portazos
En estas 49 semanas, en los exactamente 342 días que le quedan de gobierno, Alberto Fernández enfrentará una tenaza inclemente: la presión por un lado de una economía dislocada tras años enteros de desequilibrios y, por el otro, la política interna del Frente de Todos que lo fuerza a una batalla sin red contra los jueces, la oposición de Juntos por el Cambio y los poderes concentrados. Se trata de una batalla que está, de antemano, perdida y que puede dejar en el camino los últimos jirones de la coalición de gobierno.
El comunicado que publicó ayer, en el primer día del año, puso a Alberto Fernández en el lugar que el cristinismo quiso ubicarlo apenas se precipitó la embestida contra la Corte Suprema: que se ponga al frente de un juicio político contra todos sus miembros.
En el mensaje que inauguró el año final de su mandato, el Presidente escribió: “He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
Se mostró, así, empujado por los mandatarios que responden a Cristina Kirchner a iniciar un proceso que tiene escasas chances de tener éxito. Pero días atrás, el diputado Rodolfo Tailhade esclareció cuál es, en verdad, la intención del kirchnerismo: iniciar en la Comisión de Juicio Político, donde tiene mayoría el Frente de Todos, el espectáculo de poner en el banquillo a los cuatro jueces que conforman la cabeza del Poder Judicial.
¿Cuántos días o meses estará el peronismo del lado de los Torquemadas del kirchnerismo? Un interrogante que Axel Kicillof podría preguntarse, si pretende como hace trascender en público y en privado, seguir como gobernador bonaerense y evitarse el maltrago de tener que luchar por la pesada herencia que dejará el gobierno que inició Alberto Fernández, al que le quedan 49 semanas o exactamente 342 días.
Finalmente, es la economía lo que define la verdadera potencialidad electoral de un gobierno. Massa, que se inscribe entre los que prefieren hablar de cualquier cosa antes que de una candidatura, evitó un colapso inminente, tras la traumática salida de Guzmán y el fatídico experimento de nombrar en esa silla hirviente a Silvina Batakis, una técnica sin estatura política.
El objetivo manifiesto es llegar a marzo con una inflación del 3%, reservas suficientes para pagar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario y las importaciones vitales para que la actividad no se resienta y fomentar la recuperación del salario y los ingresos, tras seis meses de ajuste. Quedará para la disputa política quien se apropia, si ocurriera, de ese balance.