La supervivencia de las empresas electrónicas de Tierra del Fuego depende de varios factores. Por un lado, la continuidad -o no- de algunos beneficios de su régimen industrial, que vencerán en 2023. Por otro, la competencia por precio con productos importados. En tercer orden, la capacidad de responder a los cambios en los hábitos de consumo de los bienes que se producen en la isla. Y, por último, el desarrollo tecnológico que permita la innovación en la producción. El primero depende de una tensa negociación política; los otros, de las compañías.
La apuesta es doble: mejorar su competitividad en procesos (para reducir el precio al consumidor) y apostar a la innovación. “Ser lo más competitivos posibles”, define Federico Hellemeyer, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas (Afarte). Con miras a estimular la innovación, Afarte, el Gobierno provincial y las universidades nacionales radicadas en Tierra del Fuego (UTN y UNTdF), inauguraron un centro tecnológico en Río Grande, con tres laboratorios: de medición y calibración; otro, de seguridad eléctrica; y de software.
Hellemeyer asegura que los privados tienen una meta inmediata: las pruebas que deben hacer las industrias y que se realizan en el continente o, incluso, en otros países. También, existe un objetivo prospectivo: que permita ser una “caja de resonancia, donde se lleve adelante una agenda más profunda y desarrollada con el largo plazo”.
“Tenemos que llevar adelante los cambios necesarios para que los productos electrónicos que fabricamos lleguen al consumidor con los precios más bajos posibles. Con esto, nos ubicamos en mejor posición en la discusión de la prórroga del régimen”, asegura Hellemeyer.
La actividad económica en Tierra del Fuego está regulada por la Ley 19.640, que estableció, en 1972, un régimen fiscal y aduanero especial. Luego, se sumaron decretos y normativas que ampliaron los beneficios. A partir de 2009, cuando se aprobó la Ley 26.539, se gravó la importación de una lista de productos, lo que benefició a las electrónicas de la provincia.
La Administración Cambiemos cuestionó estos tributos. Primero, los eliminó por decreto y, luego, acordó con las empresas, gremios y autoridades provinciales un esquema reducción gradual. Fernando Grasso, Secretario de Industria de la Nación, explica que el objetivo es trabajar en “generar mejoras de competitividad, de manera compatible con el desarrollo integral de la actividad en el continente”. Eso, agrega, requiere “ampliar y complementar el perfil productivo actual con nichos vinculados a la electrónica que no es de consumo masivo”.
La Provincia coincide pero en parte. “Para contener la industria electrónica, teníamos que demostrar que podíamos ser mejores de lo que estábamos siendo”, dice Ramiro Caballero, ministro de Industria provincial. “Propusimos un esquema de diversificación, que era la apertura del régimen promocional para incorporar bienes que, sabemos, podemos producir porque existe esa tecnología y, en la Argentina, no se fabrican. Por ejemplo, el componente electrónico vehicular”, agrega.
Por lo pronto, la recesión y la eliminación de aranceles impactó en la isla. Según datos de Afarte, hasta agosto, la producción de celulares había caído 47%, a 5,9 millones de unidades; la de televisores, 11,3%, a 2,9 millones; y la de aires acondicionados, 38,8%, a 655.751.
Para Nación, las exenciones son costo fiscal. En 2017 y 2018, equivalieron a 0,26% del PBI, $ 26.845 millones y $ 31.081 millones, según el Presupuesto de este año. En el proyecto que se debate estos días en el Congreso, esos números se ajustaron a $ 27.098 millones (0,26% del PBI) y $ 43.922 millones (0,32%). Para 2019, prevé que sea $ 59.608 millones (0,32% del PBI). La Provincia replica que, de no gravarse la actividad, toda la producción de la isla no existiría.
Fuente: www.apertura.com