La Convención Constitucional chilena, el organismo encargado de redactar la nueva carta magna del país, deliberó el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde fueron aprobados los artículos que consagran el dominio absoluto y exclusivo de los recursos minerales y la desprivatización del agua.
A través de la medida el derecho de exploración o explotación de los recursos minerales sería otorgado por un organismo estatal, lo que suprime el modelo actual de concesiones otorgadas por tribunales, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.
"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas", sentencia el escrito.
Durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras que pasó los yacimientos de minerales a ser Concesiones Plenas, lo que implicó que los recursos naturales pasaran a ser propiedad del que obtuviera la concesión para explotarlos hasta agotar el yacimiento.
Si en 1973 el 100% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado, en la actualidad solo el 30% está bajo control estatal a través de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).
El pleno del órgano también aprobó el inciso que establece que "la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental".
Asimismo, el pleno estableció que "el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros".