La resolución del Ministerio de Salud, que obliga a los trabajadores a enviar sus contribuciones directamente a las empresas de medicina prepaga, ha dejado a los gremios sin acceso a estos ingresos, lo que podría agravar aún más la ya difícil situación económica de algunas obras sociales que dependen de estos recursos para mantener sus servicios.
Hasta ahora, los aportes de los trabajadores (3% de su salario) y empleadores (6%) pasaban obligatoriamente por las obras sociales de cada sector, permitiendo a los sindicatos retener un 2% de esos fondos. Con la nueva norma, ese esquema de intermediación queda eliminado, lo que significará un desfinanciamiento histórico para los gremios. La Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, argumentó que la medida pone fin a un "sistema perverso diseñado para sacarle el dinero a los beneficiarios y alimentar cajas millonarias que no aportaban valor".
El impacto inmediato fue una reunión urgente en la mesa chica de la CGT, que ahora evalúa las posibles respuestas a esta medida. Mientras algunos sectores plantean un endurecimiento de la postura, otros aún confían en la posibilidad de negociar con el Gobierno, que en los últimos meses ha mantenido una relación más fluida con la central obrera tras la salida de Pablo Moyano.
La eliminación de la intermediación afectaría a cerca de 1.380.000 personas afiliadas al sistema de salud sindical, y las alternativas que manejan los gremios incluyen la exigencia de compensaciones económicas o la modificación del Plan Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la viabilidad de las obras sociales.
Este nuevo desafío marca un punto de inflexión en la relación entre la CGT y el Gobierno, y algunos dirigentes ya están planteando la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones o incluso un paro general como medida de presión, ante lo que consideran un “ataque directo al financiamiento sindical”.