El fin de la persecución penal de los consumidores y cultivadores y la regulación del uso adulto y privado de la marihuana en Argentina, es un debate que se viene dando hace décadas. A medida que pasa el tiempo, la temática se impone con más fuerza a nivel social por lo que es necesario construir políticas públicas que atiendan a esta discusión.
En los años 2003, 2005, 2008 y, con más frecuencia, desde el 2010, representantes de distintos partidos políticos presentaron en las Cámaras de Diputados y Senadores, proyectos de ley proponiendo la despenalización del cannabis con fines terapéuticos, pero nunca llegaron a más porque se vencían los plazos para su tratamiento.
Sin embargo, cuando en 2015 comenzaron a hacerse conocidos, a través de los medios de comunicación, los casos de niños y niñas que sufren epilepsia refractaria, las cosas cambiaron.
La epilepsia refrataria es un tipo de epilepsia grave, que aparece con más frecuencia entre los 3 y 12 meses de vida y se puede dar por diferentes causas, como las malformaciones cerebrales o displasias, infecciones, alteraciones metabólicas o de origen genético.
Cuando dos o más medicamentos tradicionales epilépticos fracasan como la cura a esta enfermedad, las otras opciones son la neurocirugía, la dieta cetogénica (alimentos altos en grasas, bajos en carbohidratos y niveles adecuados de proteína) y medicación alternativa con aceite de cannabis.
Tal es así que, luego de años de lucha, el 29 de marzo de 2017, se sanciona la Ley 27.350 que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
“Desde que está la ley de cannabis medicinal hay mucha menos reticencia a nivel social porque realmente hay muestras de cómo mejora la persona su proceso de salud cuando comienza a utilizar la planta. Cuando se habla de cannabis para la salud, la gente quiere aprender”, contó a ANB, Gabriela Calzolari, licenciada en biología e integrante de Ciencia Sativa una ONG de San Carlos de Bariloche que tiene como objetivo investigar, informar, educar y asesorar a la comunidad sobre plantas terapéuticas con énfasis en la planta de cannabis.
“Hace 10 años atrás, era más fácil encontrarse con personas que estaban muy reticentes al uso del cannabis. Sin embargo, con el correr del tiempo, esto se transformó a gran escala. Son más las personas de la tercera edad a las que asisto que a otro grupo etario. Cuando iniciamos el tratamiento siempre marcan esa cuestión de “no me quiero drogar” pero no saben que se drogan legalmente consumiendo otras pastillas”, afirmó Alejandro Oviedo, activista y cannabicultor solidario en Bariloche.
Una cosa es tener ley y otra muy distinta es hacerla cumplir. Si bien, muchas personas celebraron la reglamentación de la Ley 27.350, fue muy criticada por médicos, usuarios, cultivadores y empresarios interesados en el creciente negocio de la marihuana legal, una industria en expansión en todo el mundo.
Siempre las leyes son en beneficio de unos pocos. “Se prioriza el negocio y grandes emprendimientos privados y no el derecho de las personas y ONGs que venimos sosteniendo hace 10 años la demanda de la gente que utiliza el cannabis medicinal” sostuvo la bióloga.
Cuando Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación se comprometió a revisar el marco regulatorio de esta ley y, tal es así que, en noviembre del 2020 firmó y publicó un decreto en el boletín oficial con la nueva reglamentación: incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa nacional de Cannabis (REPROCANN) y expendio en farmacias de aceites y cremas producidas con esta planta cuyo uso humano se remonta hace miles de años.
“La planta crece hace 38 millones de años sin pedir permiso. Nos tenemos que diferenciar de la medicina tradicional porque la realidad es que no somos médicos, pero el cannabis es la primera medicina que empezó a funcionar hace miles de años”, afirmó Oviedo.
A raíz de esto, tanto personas en su hogar como organizaciones cannábicas -la base de esta lucha que lleva más de una década y no termina en lo medicinal- y universidades podrán cultivar, siempre y cuando el fin sea terapéutico.
“El REPROCANN registrará, con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el REPROCANN quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el PROGRAMA”, reza la nueva letra de la ley.
Para obtener esta licencia, en primer lugar, la persona interesada debe crearse un usuario en la plataforma miARGENTINA. Con los datos de esa cuenta, hay que loguearse en reprocann.salud.gob.ar. Ahí vas a elegir el perfil de persona en tratamiento (la más fácil y recomendada para que tu cultivo esté a tu nombre), cultivador (esta es para cultivar para otros), ONG, médico.
Llenas el formulario y cuando lo guardes, arriba a la derecha te va a aparecer un “código de vinculación. Vinculas el cógido con el médico. Puede ser cualquiera, pero ideal es que ya tenga experiencia porque, de esa forma sabrá cómo ayudarte. Tienen que firmar dos documentos: el consentimiento informado y el formulario de solicitud de Recann.
Cuando el Ministerio de Salud apruebe todo, vas a recibir en la app Mi Argentina el QR y la autorización para poder comenzar a utilizarlo. Es importante aclarar que este documento servirá “como prueba fehaciente y autosuficiente del cumplimiento de las condiciones establecidas” por las autoridades competentes y tendrá un “plazo de vigencia de 1 año desde la fecha de emisión”.
Durante lo últimos años, la medicina avanzó a pasos agigantados, aunque todavía queda mucho por recorrer. Así como se habla de la reticencia de la sociedad hacia el uso del cannabis para trabajar determinadas cuestiones relacionadas a la salud, lo mismo ocurre con los profesionales que desarrollan sus funciones en este ámbito de la sociedad.
“Así como la sociedad se nutre de lo que ve, los médicos se nutren de lo que les llega a través de las corporaciones que trabajan con la medicina tradicional. Un médico que recomienda cannabis no recibe un porcentaje de dinero del cannabis. Estamos a punto de transformar el juramento hipocrático por el juramento hipócrita, porque se olvidaron del juramento que hicieron que tiene que ver con sanar y ayudar”, expresó el cultivador.
Se sabe que las carreras universitarias del país poseen planes de estudios que datan de miles de años, sobre todo la carrera de medicina. “Hoy en día, aún teniendo ley y, sobre todo, resultados reales de cómo el cannabis mejora la calidad de vida de los seres humanos, no se estudia en las universidades”, aclaró Calzolari.
“Como autocultivadores queremos sacarle el mote de “medicinal”. El cannabis es terapéutico porque no se necesita tener una patología para tener una sensación: lo podés orientar al uso medicinal o para generar endorfinas que propician el bienestar en la salud”, remarcó Alejandro.
Sin embargo, se sabe que el consumo adolescente es una problemática que se genera a nivel mundial. “En cuanto a eso, desde Ciencia Sativa, somos muy críticos. El cannabis también genera consumo problemático, por eso, una de las cosas que hacemos es dar talleres en las escuelas para intentar concientizar y, de esa manera, reducir el inicio de la edad del consumo”, relató la referente del CONICET. Y, agregó, “la prohibición hace que haya mucho conflicto".
“Hoy tenemos gente presa por cultivar cannabis medicinal. Esto tiene que ver, en parte, con la Ley 23.737 que establece que las personas a las que se les encuentre en su poder drogas, ya sea para uso personal o para venta, serán detenidas o deberán someterse a un tratamiento educativo/terapéutico”.
Por otra parte, y en contraposición, está a punto de reglamentarse la Ley 27.669 que propone el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
Pero, “si continúa sin modificarse la Le 23.737, que data desde el último golpe militar, por más nuevas regulaciones y nuevas leyes que se sancionen, no cambia el problema de fondo”, aseguró la bióloga.
Por ellos, “en estos momentos es muy importante involucrarnos en la reglamentación de esta nueva normativa para que haya posibilidades y ayuda económica, no solo para las empresas sino a los pequeños productores. Cultivar cannabis no es para nada barato, pero si hay planes de financiamiento es mucho más equitativo para todos porque todavía, en el 2023, hay cooperativas y ONGs que venimos trabajando en la ilegalidad”, concluyó Calzolari.
“Esta no es la mejor circunstancia en la que podamos estar en lo que respecta al uso legal del cannabis. Podríamos estar mucho mejor, más avanzados porque tenemos profesionales para eso y, sobre todo, una planta que se adapta a todos los climas. Aun así, creo que se está avanzando y no hay que olvidar que la planta conecta, ayuda y mejora la calidad de vida de los seres humanos y animales”, sostuvo Alejandro Oviedo.