La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus abogados, pidió el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa en la que se investiga el intento de homicidio en su contra por falta de imparcialidad, por sus nexos con Marcelo D´Alessandro, el ministro de Seguridad porteño que pidió licencia y por haberse conocido que la magistrada cobra un sueldo de un organismo que depende de ese ministerio.
Los abogados que representan a Cristina Kirchner remarcaron que el viernes pasado se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un “trabajo” rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La magistrada , según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo. La recusación resume que “Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar”, en referencia a la Policía de la Ciudad que depende del ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo D´Alessandro.
En la presentación, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal advirtieron que el hecho de que Capuchetti cobre un sueldo mensual de un organismo que depende de Marcelo D´Alessandro, y uno de cuyas autoridades es el fiscal general Juan Bautista Mahiques “es una evidente muestra de las relaciones ilegales, espurias y carentes de toda ética, entre algunos miembros de la justicia federal y funcionarios de Juntos por el Cambio”.
Según documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana, desde 2019, Capcuhetti pasó de ser investigadora a “Investigadora Senior” (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como “Investigadora Senior” del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más”, advirtieron.
Los letrados aclararon que el ISSP “no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica”.
“Llamativamente, el ISSP indicó que Capuchetti realiza actividades de docencia. Sin embargo, lo cierto es que el lugar en el que consta que se desempeña, el Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene dentro de sus funciones actividades de docencia o capacitación”, indicó la presentación.
El organismo, no se trata de una ONG o de un ámbito académico independiente, sino de un órgano ubicado dentro de la estructura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El artículo 9 del Decreto-Ley No. 1285/58 establece las incompatibilidades que conlleva el ejercicio de la magistratura. “Lo cierto es que, como mínimo, las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo”.

La relación de la jueza con Marcelo D´Alessandro
La autoridad política del organismo en cuestión es el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marcelo D’ Alessandro. Esto tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y “de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la policía federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida, enfatizaron los letrados.
La operatoria de la que fue parte D’Alessandro, “el empleador de Capuchetti”, es actualmente investigada por María Cándida Etchepare, fiscal de San Carlos de Bariloche.
A las pocas semanas, se conocieron nuevos mensajes de Marcelo D’Alessandro. Las conversaciones, ahora, eran con Silvia Majdalani, procesada por espiar ilegalmente a Cristina Fernández de Kirchner; con el vocero y director general del despacho del Presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles; con el empresario Marcelo Violante; el ex fiscal Juan Ignacio Bidone y el fiscal nacional Augusto Tronocoso.
“Lo relevante de todo esto es que D’Alessandro es, evidentemente, una persona que se dedica a manipular la justicia para beneficiar a sus amigos y destruir a sus oponentes. Y, ahora sabemos, le paga un sueldo a Capuchetti por realizar tareas incompatibles con su función (si es que hace algo y la investigación no es solo una pantalla para pagarle a cambio de favores)”.

El vicedirector del ISSP es Juan Bautista Mahiques
Juan Bautista Mahiques fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Remarcó la querella que Mahiques “también participó de la comitiva que viaje a Lago Escondido y sugirió una serie de ilegalidades para ocultar su viaje mafioso”.
“La ceguera de Capuchetti ante la actuación de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”: Así se titula un capítulo de la recusación interpuesta por Cristina Kirchner.
En la causa del atentado contra la vicepresidenta se investiga a los autores materiales y a los intelectuales del atentado, pero, también, a fuerzas de seguridad que pueden haber posibilitado, por acción u omisión, que suceda el hecho.
Para la querella, la jueza “llamativamente, se olvidó de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la fuerza de seguridad que con más contundencia debería haber investigado. Es que es esa policía la que tenía jurisdicción sobre el lugar donde se produjo el atentado y la que, consecuentemente, tenía el deber de garantizar la seguridad”.
“Tal es así que la policía de la CABA realizó un fuerte (e ilegal) operativo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner desde el 22 de agosto de 2022, día en que el fiscal Luciani pidió la condena de la vicepresidenta”.
Las órdenes de D’Alessandro llegaron al punto de poner vallas para impedir que la gente se acerque al domicilio de la Vicepresidenta, situación que terminó con agresiones policiales injustificables y la detención de dirigentes políticos por el mero hecho de manifestarse.
“Un enorme dispositivo de seguridad se encargó de cercenar la libertad de expresión, pero permitió que dos asesinos estén al borde de cumplir su cometido”, remarcaron los abogados en relación a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. “D’Alessandro fue determinante en la inactividad policial”, advierten.
“La jueza supo desde un principio que, cuando la policía de la CABA no dejaba pasar a nadie y hasta agredía al hijo de la Vicepresidenta, miembros de Revolución Federal ingresaban al domicilio donde vive Cristina Fernández de Kirchner y sacaban fotos mientras amenazaban con matarla”.
“Que la jueza asesore políticamente a un órgano ejecutivo del que depende la policía de la CABA, fuerza que debería ser investigada en esta causa (y, por lo tanto, ser parte) revela que tiene un evidente interés en el resultado del proceso: que la investigación no toque en nada a las fuerzas de seguridad de la CABA, de las que se empeña en garantizar su tranquilidad”.

La pista Milman
El escrito de recusación recuerda que Capuchetti no solo omitió investigar a la policía de la CABA, sino que “obstaculizó todo lo posible las medidas contra quien, junto a D’Alessandro, es la referencia en materia de seguridad de Juntos por el Cambio: Gerardo Milman. La jueza obstruyó tan burdamente investigar a este diputado que la Cámara tuvo que indicarle el camino a seguir”.
“Recordemos, también, que Capuchetti visitaba frecuentemente la AFI durante el gobierno de Juntos por el Cambio antes de ser nombrada. Evidentemente, asumió su cargo con lineamientos claros respecto de cómo actuar si le tocaba investigar a Juntos por el Cambio. Como recordatorio o aliciente, a esto se le sumó un sueldo mensual ilegal por si no le alcanza con la suma cercana a dos millones de pesos que cobra un juez federal”, resalta el escrito.