La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades del Líbano de negligencia criminal, de violación del derecho a la vida y de bloquear la investigación local sobre la devastadora explosión el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut.

La organización no gubernamental recomendó la creación de una misión de investigación independiente de la ONU y sanciones internacionales contra los altos responsables libaneses.

La gigantesca explosión del 4 de agosto de 2020, que dejó 214 muertos y más de 6.500 heridos, fue provocada por un incendio en un depósito que almacenaba varios cientos de toneladas de amonio desde 2014.

Un año después de la tragedia, ningún responsable ha sido llevado ante la Justicia.

Tras haberse negado categóricamente a una investigación internacional, las autoridades libanesas apartaron de sus funciones al primer juez del caso, Fadi Sawan, después de que inculpara a altos responsables, entre ellos el exprimer ministro Hassan Diab.

Su sustituto, Tarek Bitar, se enfrenta también a obstáculos, sobre todo la negativa del Parlamento de levantar la inmunidad de algunos de sus miembros, sospechosos de implicaciones en la explosión.

El 20 de julio de 2020, apenas unos días antes de la tragedia, el presidente Michel Aoun y Diab habían recibido una advertencia de parte de los servicios de inteligencia.

Diab, que renunció con todo su gobierno una semana después del estallido, está inculpado, y 18 personas se encuentran detenidas en el marco de la causa, entre ellas el director de Aduanas, Badri Daher, y el director del puerto, Hassan Koraytem.