El 21 de junio de 1918, hoy 104 años atrás, se publicaba en una edición extraordinaria de la Gaceta Universitaria el “Manifiesto Liminar”, la emblemática proclama del movimiento de reforma universitaria que desde Córdoba se expandió por toda América Latina impulsando el cogobierno de estudiantes, graduados y profesores, la renovación de los programas de estudio y la apertura de los estudios superiores a la clase media.
Poco más de un siglo atrás, el 15 de junio de 1918, se había iniciado el trascendente proceso de democratización de la educación superior en la Argentina con la Reforma Universitaria impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que estableció el cogobierno de los centros de estudios superiores entre docentes, graduados y alumnos abriendo las posibilidades de terminar con la tradicional visión sesgada que impedía acceder a conocimientos que no formaban parte del paradigma oficial.
Córdoba había sido históricamente el epicentro de los altos estudios en la región desde que en 1613. 405 años atrás, los jesuitas fundan allí la primera universidad de lo que, varias décadas más tarde, fuera el Virreinato del Río de la Plata, y desde donde también, en 1809, el canónigo Miguel Calixto Del Corro, a la sazón rector por entonces de la universidad, lanzara una proclama independentista anticipatoria de lo que fue el proceso puesto en marcha el 25 de mayo de 1810.
El “Grito de Córdoba”, que diera lugar a la Reforma fue un proceso que se extendió entre marzo y octubre de 1918 que tuvo un hito el 15 de junio cuando los estudiantes ocuparon la sede universitaria para impedir la elección del nuevo rector y se declararon en huelga alcanzando su verdadera dimensión política el 21 cuando se diera a conocer el “Manifiesto Liminar” redactado por Deodoro Roca.
Dicho manifiesto fue titulado “La Juventud argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica” y en él se concluyó que: “la juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
El movimiento estudiantil fue ganando fuerzas y el 9 de septiembre la Federación Universitaria de Córdoba tomó el control institucional lo que fue respondido por una represión a cargo del Ejército tras lo cual los jóvenes solicitaron su intervención al presidente Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen quién así lo hizo favoreciendo la reforma de los estatutos y organizando la elección de las nuevas autoridades.
Por entonces el conflicto se había generalizado al conjunto de las universidades argentinas y latinoamericanas en las que, 50 años antes del Mayo Francés de 1968, se avanzó, mediante leyes que así lo determinaron, hacia la autonomía universitaria, los concursos de oposición para las cátedras, la periodicidad de las mismas y, sobre todo, al cogobierno.
En tanto que la gratuidad recién se alcanzó a partir del 22 de noviembre de 1949 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón lo que amplió la democratización de la enseñanza al abrir las puertas de las universidades a los sectores de menores recursos, tal como lo había reclamado en marzo de 1796 Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano cuando como titular del Consulado virreinal puntualizara que “la educación es un fin y un medio para obtener la felicidad del pueblo; las escuelas deben ser gratuitas e inspirar el amor al trabajo”.
Hasta entonces sólo la educación primaria gozaba de ese beneficio a partir del 8 de julio de 1884 cuando bajo la presidencia de Alejo Julio Argentino Roca se sancionara la Ley 1420 de educación gratuita y obligatoria, pero ello no alcanzaba al ámbito universitario donde, además de ser arancelada, existía un sistema autoritario de manejo contra el que se levantaron los estudiantes cordobeses en 1918.
Uno de los que se asumieron como líderes de la Reforma, desde la Universidad de La Plata, fue Gabriel del Mazo, luego ministro de Defensa durante la presidencia de Arturo Frondizi, quién fuera el gran historiador de lo sucedido en 1918, siendo quién encabezara la Federación Universitaria platense, destacando que el movimiento, amén de la cuestión educativa, tuvo connotaciones políticas y sociales lo cual fue remarcado señalando que “los estudiantes reformistas eran tildados por los hombres defensores de la vieja universidad de ‘ateos’ en el orden religioso, ‘unitarios’ en el orden político, ‘demagogos’ en el orden universitario y ‘chusma’ en el orden social”.
Por entonces en el país existían cinco universidades, tres nacionales, las de Buenos Aires, Córdoba y La Plata; y dos provinciales, las del Litoral (Santa Fe) y Tucumán, luego nacionalizadas, siendo la de Buenos Aires en la que se generasen los primeros conflictos en pro de una reforma en 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, en 1903 bajo el mandato de Roca y en 1905 con Manuel Quintana, que dieron lugar a una reforma anterior ala de 1918 en 1906, con José Figueroa Alcorta como presidente, por la cual se instituyó la designación de autoridades en la de Buenos Aires por el voto de los profesores reemplazando el anterior sistema manejado por las academias.
Cuando se lanzó el movimiento cordobés esa Universidad contaba con alrededor de 1500 alumnos, ninguna mujer entre ellos y no se prestaba mayor atención a las llamadas ciencias exactas y naturales, aunque precisamente fue la Facultad de Medicina la que en septiembre de 1917 fue generando el ambiente de protesta a partir de un cambio de reglamento en el Hospital Nacional de Clínicas (Hospital Escuela), protesta sancionada con dos años de suspensión a los huelguistas lo que se agravó con cambios en la carrera de Ingeniería que desembocaron el 10 de marzo de 1918 en el estallido del movimiento que desembocó en la Reforma Universitaria.
Una reforma que, al promediar 1920 se extendió al Perú, en diciembre del mismo año a Chile, desembocando en 1921 en el Congreso Internacional de Estudiantes desarrollado en México cuando se incluyeron como cuestiones esenciales el cogobierno, la justicia económica, social y política, la amplitud cultural, la creación de universidades populares y la solidaridad estudiantil.