Tras el reclamo, Aerolíneas modificó sus protocolos de traslado de personas con discapacidad

Aerolíneas Argentinas dispuso modificar los protocolos que rigen al traslado de personas con discapacidad en las aeronaves de la empresa, tras el reclamo presentado en nombre del Gobierno provincial por el secretario de Políticas para Personas con Discapacidad Alejandro Rojo Vivot.

Rojo Vivot había elevado el pasado 3 de mayo una nota al Presidente de Aerolíneas Mario Dell’ Acqua, cuestionando la decisión de la empresa de no dejar abordar un vuelo que partía desde Ushuaia a una joven de 12 años con Síndrome de Down.

La empresa adujo en aquella oportunidad que no podían brindar la asistencia al viajero que se da, por ejemplo, a niños que viajan solos, ya que por su edad la joven no podía ser alcanzada por este beneficio.

Si bien posteriormente se resolvió la situación y la joven pudo viajar, el episodio fue tomado como caso testigo para llevar adelante una serie de modificaciones al protocolo de transporte de personas con discapacidad que rige a la compañía.

Es así que este martes, Aerolíneas Argentinas comunicó este martes por nota al Gobierno provincial, que a partir de ahora el servicio de asistencia al menor no acompañado se extenderá también de 12 a 15 años de edad.

Otra de las modificaciones a la normativa establece también que aquellas personas dependientes del uso de oxígeno a través de un sistema portátil, podrán abordar y utilizar normalmente el dispositivo en el avión. Lo mismo ocurrirá con las personas que padezcan de parálisis cerebral: la empresa dispondrá una silla especial que se adaptará a la butaca.

El Secretario Rojo Vivot destacó la voluntad de Aerolíneas “que trabajó intensamente para ampliar aún más las posibilidades de que más personas con distintas discapacidades puedan viajar” lo que consideró “un avance muy importante para la industria aerocomercial y para la inclusión de las personas con discapacidad”.

Para el funcionario, la decisión de la Aerolínea de Bandera “sienta un precedente de que las empresas o las instituciones deben llevar adelante las adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos que están en la Convención de las Naciones Unidas que tiene rango constitucional en la Argentina”.

Más allá de que los avances se dieron a partir de un caso puntual “que fue resuelto positivamente” dijo Vivot, los mismos forman parte de “un proceso cada vez más intenso de favorecer la vida independiente de la vida de las personas con discapacidad” afirmó el funcionario.

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