La iniciativa fue impulsada por el legislador Pablo Villegas (MPF) quien al argumentar el proyecto, reconoció que la herramienta no solucionará la situación que atraviesan los uniformados fueguinos, pero sí se constituye como un paliativo ante el escenario de déficit habitacional que atraviesan.

El breve articulado determina que se deberá "Gestionar la tramitación del beneficio a través del Área Social de la Institución para que considere la prioridad para las familias de la fuerza con recursos insuficientes que cumplan los requisitos de acuerdo con lo determinado por los procedimientos administrativos del Instituto de Vivienda y Hábitat".

Los beneficiarios para acceder a este cupo se determinarán en relación a una evaluación de prioridad que lleve adelante el área Social de la fuerza, siendo requisitos obligatorios “Contar con una antigüedad mínima de 3 años en la fuerza, ser personal en actividad, 3 años de residencia efectiva en la provincia y no ser propietario de inmuebles en el país”.